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 <title>Institucional - Departamentos | Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires</title>
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   <h1 align="justify">Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario</h1>
   <h2>Declaraci&oacute;n del Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires sobre la Ley N&ordm; 26.854 de &ldquo;Medidas Cautelares&rdquo; y su incidencia en materia tributaria</h2>
   <p>El Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires cumple en hacer p&uacute;blica su preocupaci&oacute;n como consecuencia de los efectos nocivos que tendr&aacute; la Ley N&ordm; 26.854 de Medidas Cautelares sobre la materia tributaria.</p>
   <p>Es el caso resaltar que en las concepciones dogm&aacute;ticas modernas del Derecho Tributario acordes con el &ldquo;Estado de Derecho&rdquo; el contribuyente ha dejado de ser un s&uacute;bdito o vasallo y que el v&iacute;nculo que lo liga con la Administraci&oacute;n Fiscal debe ser concebido como una relaci&oacute;n de derecho y no de poder (Hans Nawiasky, Albert Hensel, Ram&oacute;n Vald&eacute;s Costa y Dino Jarach, entre muchos otros), a partir de la cual se concreta el deber de todos los ciudadanos de participar, seg&uacute;n su capacidad contributiva tipificada por la ley como imponible, en el levantamiento de las cargas p&uacute;blicas necesarias para enjugar los gastos de la comunidad pol&iacute;tica organizada.</p>
   <p>Se advierte en tal sentido, que entre el Estado y los contribuyentes debe propiciarse en el campo de las contribuciones patrimoniales p&uacute;blicas, recrear una relaci&oacute;n que apunte a la igualdad jur&iacute;dica de las partes, tomando en cuenta la preeminencia del primero de los sujetos que asume en tal rama del Derecho la &ldquo;triple funci&oacute;n de creador de la obligaci&oacute;n, acreedor de ella y juez de los conflictos que se presentan&rdquo; (Ram&oacute;n Vald&eacute;s Costa: Instituciones de Derecho Tributario, prefacio, p. XI, Depalma, Buenos Aires, 1994).</p>
   <p>Tambi&eacute;n dentro de la doctrina latinoamericana el catedr&aacute;tico brasile&ntilde;o Geraldo Ataliba predica que s&oacute;lo puede sostenerse que se est&aacute; en presencia de un &ldquo;Estado de Derecho&rdquo; en la medida en que el r&eacute;gimen jur&iacute;dico adoptado por el mismo asuma que: a) el Estado se somete a la justicia; b) la justicia aplica una ley preexistente; c) la justicia es ejercida por una magistratura imparcial (obviamente independiente) rodeada de todas las garant&iacute;as; y d) el Estado se somete como una &ldquo;pars&rdquo; cualquiera, llamada a juicio en iguales condiciones con las otras &ldquo;pars&rdquo; (&ldquo;Igualdad de las partes en la relaci&oacute;n jur&iacute;dica tributaria&rdquo;, Par&aacute;grafo I: &ldquo;Estado de Derecho&rdquo;, cap&iacute;tulo en la obra colectiva: &ldquo;Ensayos Tributarios en Homenaje al 50&ordm; Aniversario de El Hecho Imponible de Dino Jarach&rdquo;, ps. 27 y ss., en particular p. 27, Asociaci&oacute;n Argentina de Estudios Fiscales &ndash; Ediciones Interoce&aacute;nicas, Buenos Aires, 1994). </p>
   <p>Por su parte, la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos que consagra el art&iacute;culo 18 de la Constituci&oacute;n Nacional ha adquirido un realce particular en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a partir del reconocimiento del derecho de la tutela judicial efectiva, que tambi&eacute;n se incardina en el constitucionalismo occidental que alumbra al promediar el siglo XX, lo que converge, desde ambos planos, a fortalecer la garant&iacute;a jurisdiccional de los derechos y libertades frente a los embates del poder p&uacute;blico, no s&oacute;lo en materia penal, sino tambi&eacute;n en el &aacute;mbito administrativo y tributario.</p>
   <p>As&iacute; entonces la tutela judicial efectiva, otorga un plus de fundamentalidad a una serie de derechos procesales, antes b&aacute;sicamente concebidos como derechos instrumentales de la defensa en juicio y a los que ahora se asigna una funci&oacute;n de garant&iacute;a o protecci&oacute;n de los dem&aacute;s derechos, al configurarlos como derechos subjetivos en s&iacute; mismos y al poder hacerlos valer en la instancia tribunalicia, frente a cualquier intento de cercenarlos particularmente por el Estado, superando las inmunidades del poder y alcanzando el m&aacute;s pleno control judicial de la Administraci&oacute;n (Eduardo Garc&iacute;a de Entrerr&iacute;a &ldquo;La Lucha contra las Inmunidades del Poder en el Derecho Administrativo &mdash;poderes discrecionales, poderes de gobierno, poderes normativos&mdash;&rdquo;, 2&ordm; reimpresi&oacute;n de la 3&ordm; edici&oacute;n, Cap&iacute;tulo II: &ldquo;La configuraci&oacute;n del sistema de enjuiciamiento contencioso de la Administraci&oacute;n&rdquo;, ps. 13 y ss., Editorial Civitas S.A., Madrid, 1995).</p>
   <p>Es que, en el estado actual de desenvolvimiento jur&iacute;dico de las distintas naciones civilizadas, pocos discuten la demandabilidad del Estado y la posibilidad de impugnaci&oacute;n de las leyes y reglamentos inconstitucionales, como de los actos administrativos ileg&iacute;timos por pugna con el &ldquo;bloque de legalidad&rdquo; o por ser la resultante de desviaciones o abusos de poder. </p>
   <p>En sentido concordante no basta para pregonar la vigencia de la tutela judicial efectiva con que se garantice el acceso irrestricto a la justicia; se elimine el tr&aacute;nsito previo de v&iacute;as administrativas inconducentes; se asegure la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos; se facilite la producci&oacute;n de todo tipo de pruebas; se propicie la resoluci&oacute;n de las controversias en un plazo razonable; se exija que la decisi&oacute;n de la causa se encuentre debidamente fundada en derecho y se dicte de conformidad a los hechos comprobados; se asegure la efectiva posibilidad de ejecutar el cumplimiento de las sentencias contra el Estado; si a pesar de dar satisfacci&oacute;n a todos los recaudos precedentes, la presunci&oacute;n de legitimidad y la ejecutoriedad de las leyes y actos administrativos, como el impulso de la gesti&oacute;n p&uacute;blica recaudadora en su conjunto, no habilita la posibilidad de obtener &ldquo;tutela cautelar&rdquo; por parte de los contribuyentes o responsables.</p>
   <p>Con justeza el catedr&aacute;tico espa&ntilde;ol Jes&uacute;s Gonz&aacute;lez P&eacute;rez, al ocuparse del derecho a la tutela judicial ha entendido que una de las garant&iacute;as b&aacute;sicas debe estar orientada a la real efectividad de las sentencias, donde juegan un papel fundamental las &ldquo;medidas cautelares&rdquo;. Con car&aacute;cter general discurre: &ldquo;el privilegio de la ejecutoriedad de los actos administrativos, la excesiva duraci&oacute;n de los procesos y la naturaleza de los derechos que sirven de fundamento a la pretensi&oacute;n pueden determinar la ineficacia de la sentencia. Cuando &eacute;sta se dicte, aunque funcionen perfectamente los mecanismos de la ejecuci&oacute;n, no tendr&aacute;n sentido los pronunciamientos que en ella se contengan. No se habr&aacute; hecho justicia. El que haya acudido a los tribunales, no habr&aacute; obtenido la satisfacci&oacute;n de sus pretensiones. En una palabra, la tutela jurisdiccional no habr&aacute; sido efectiva&rdquo;, ejemplificando el jurista sobre pronunciamientos que acogen derechos ilusorios: &ldquo;pensemos una sentencia que reconozca el derecho a cobrar una o m&aacute;s pensiones cuando el demandante ya haya fallecido; o en otra, que reconozca la condici&oacute;n de monumento art&iacute;stico de un edificio que fue demolido&rdquo; (&ldquo;El Derecho a la Tutela Jurisdiccional&rdquo;, Cap&iacute;tulo V: &ldquo;Efectividad de las sentencias&rdquo;, Par&aacute;grafo 4: &ldquo;Las medidas cautelares para garantizar la efectividad de las sentencias&rdquo;, ps. 140 y ss., Editorial Civitas S.A., Madrid, 1984); supuestos a los cuales agregamos en sentido concordante en el &aacute;mbito de nuestra disciplina, la situaci&oacute;n de un contribuyente al cual, sin fundamentos valederos, se le da de baja su CUIT; se le deniega una exenci&oacute;n legalmente procedente; se le rechaza, sin expresar razones, una compensaci&oacute;n de cr&eacute;ditos tributarios de libre disponibilidad con otras obligaciones de car&aacute;cter fiscal; se le deniega un reintegro por exportaciones; se le cancela la inscripci&oacute;n en un registro especial; se le dan por deca&iacute;dos beneficios promocionales; se lo priva del  &ldquo;Certificado Fiscal para Contratar&rdquo; imprescindible para operar como proveedor del Estado; se lo excluye del &ldquo;Registro de Operadores de Granos&rdquo;; en todos los &uacute;ltimos casos con ilegitimidad o arbitrariedad manifiesta impidiendo la m&aacute;s de las veces ejercitar el derecho de defensa formulando descargos y/o articulando las v&iacute;as recursivas que el ordenamiento adjetivo debiera habilitar; o, en fin, se le formula el reclamo de deudas tributarias manifiestamente inexistentes, cobr&aacute;ndoselas coactivamente en el marco de una ejecuci&oacute;n fiscal, donde al dictarse la sentencia de trance y remate, con el argumento ritual de que las defensas que se aleguen s&oacute;lo podr&aacute;n hacerse valer &mdash;por estar implicada la causa de la obligaci&oacute;n&mdash; en un juicio ordinario posterior; supuestos todos, en los cuales la revisi&oacute;n judicial ulterior que le de la raz&oacute;n al contribuyente ser&aacute;, no ya un acceso a la tutela judicial, sino el simple acceso hist&oacute;rico a las buenas razones que alguna vez tuvo para disentir con el Fisco, luego de una posible declaraci&oacute;n de quiebra de la empresa y liquidaci&oacute;n de los bienes de la masa, lo que dif&iacute;cilmente se resarza con la restituci&oacute;n de lo ingresado muchos a&ntilde;os antes, sin actualizaci&oacute;n monetaria, y con una tasa de inter&eacute;s del 6% anual (fijada por la Secretar&iacute;a de Hacienda de la Naci&oacute;n, y validada por los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Naci&oacute;n, in re: &ldquo;Orazio Arcana&rdquo; &mdash;Fallos: 308:283&mdash;, sentencia del 18 de marzo de 1986; e in re: &ldquo;Neum&aacute;ticos Goodyear S.A. (TF 8659-A) v. Administraci&oacute;n Nacional de Aduanas&rdquo; &mdash;Fallos: 323:3412&mdash; sentencia del 9 de noviembre de 2000&rdquo;), con lo cual, por la depreciaci&oacute;n de nuestro signo monetario durante el largo lapso de tramitaci&oacute;n del litigio, probablemente se pulverice el valor adquisitivo de la suma que finalmente perciba el contribuyente.</p>
   <p>Si bien es cierto que se advierte una corriente jurisprudencial iniciada por el Alto Tribunal hace casi 25 a&ntilde;os, en donde se destacaron los pronunciamientos reca&iacute;dos en las causas: &ldquo;Trebas S.A.&rdquo;<br />
  &mdash;Fallos: 312:1010&mdash;, sentencia del 22 de junio de 1989; &ldquo;Firestone de la Argentina S.A.I.C.&rdquo; &mdash;Fallos: 313:1420&mdash;, sentencia del 11 de diciembre de 1990; y &ldquo;Daniel Ernesto Grinbank &mdash;incidente&mdash; v. Fisco Nacional (Direcci&oacute;n General Impositiva)&rdquo; &mdash;Fallos: 318:2431&mdash;, sentencia del 23 de noviembre de 1995, donde se adoctrin&oacute; a los magistrados judiciales sobre la prudencia y estrictez en la apreciaci&oacute;n de los recaudos que deb&iacute;an exigirse para la admisi&oacute;n de las medidas cautelares, atendiendo a la afectaci&oacute;n que produc&iacute;an sobre el erario p&uacute;blico, en tanto la percepci&oacute;n de las rentas del Tesoro &mdash;en el tiempo y modo dispuestos legalmente&mdash; era condici&oacute;n indispensable para el regular funcionamiento del Estado; tambi&eacute;n all&iacute; se dispuso que las mismas deb&iacute;an tener curso favorable cuando estuvieran avaladas por un escrutinio serio, detallado y convincente de los defectos insalvables de los requerimientos de pago, apreciados desde la limitada perspectiva de an&aacute;lisis que brindaba el proceso cautelar.</p>
   <p>En consonancia con el segundo de los razonamientos que se deriva de los precedentes referidos en el p&aacute;rrafo anterior, la Corte Suprema de Justicia de la Naci&oacute;n, en su competencia originaria, frente a la impugnaci&oacute;n de tributos provinciales, decret&oacute; un n&uacute;mero importante de medidas cautelares, en tanto los planteos se vieran respaldado por argumentos prima facie, veros&iacute;miles. Dentro de dicha familia jurisprudencial se enrolan, entre otros, los pronunciamientos reca&iacute;dos en las siguientes causas: &ldquo;Dorisar S.A. v. Provincia de Tierra del Fuego&rdquo; &mdash; Fallos: 323:349&mdash;, sentencia del 7 de marzo de 2000; &ldquo;Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad An&oacute;nima (EDENOR S.A.) v. Provincia de Buenos Aires&rdquo;&mdash;Fallos: 323:1716&mdash;, sentencia del 21 de junio de 2000; &ldquo;Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) v. Provincia de Santa Cruz&rdquo; &mdash;Fallos: 324: 871&mdash;, sentencia del 27 de marzo del 2001; &ldquo;Transportadora de Gas del Norte S.A. v. Provincia de Salta&rdquo; &mdash;Fallos: 324:2730&mdash;, sentencia del 11 de septiembre de 2001; &ldquo;Transportadora de Gas del Sur S.A. v. Provincia de R&iacute;o Negro&rdquo;&mdash;Fallos: 324:3045&mdash;, sentencia del 25 de septiembre de 2001; &ldquo;Aguas Argentinas S.A. v. Provincia de Buenos Aires&rdquo; &mdash;Fallos: 325:2842&mdash;, sentencia del 31 de octubre de 2002; &ldquo;Transportes Metropolitanos General San Mart&iacute;n S.A. y Otros v. Provincia de Buenos Aires&rdquo; &mdash;Fallos: 326:3658&mdash;, sentencia del 23 de septiembre de 2003;&ldquo;Pluspetrol Energy S.A. v. Provincia de Salta y Otro (Estado Nacional)&rdquo; &mdash;Fallos: 327:853&mdash;, sentencia del 30 de marzo de 2004;&ldquo;Helic&oacute;pteros Marinos S.A. v. Provincia de Tierra del Fuego&rdquo; <br />
     &mdash;Fallos: 327:1301&mdash;, sentencia del 29 de abril de 2004; &ldquo;Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F. v. Provincia de Tierra del Fuego&rdquo; &mdash;Fallos: 327:1305&mdash;, sentencia del 29 de abril de 2004; &ldquo;Shell Compa&ntilde;&iacute;a Argentina de Petr&oacute;leo S.A. v. Provincia de Neuqu&eacute;n&rdquo; &mdash;Fallos: 327:1322&mdash;, sentencia del 29 de abril de 2004; &ldquo;Esso Petrolera Argentina S.R.L. v. Provincia de Entre R&iacute;os&rdquo; &mdash;Fallos: 327:2738&mdash;, sentencia del 29 de junio de 2004; &ldquo;Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A. y Otros v. Provincia de Buenos Aires&rdquo; &mdash;Fallos: 327:3585&mdash;, sentencia del 31 de agosto de 2004; &ldquo;Petroqu&iacute;mica Comodoro Rivadavia S.A. v. Provincia de Mendoza&rdquo; &mdash;Fallos: 327: 5553&mdash;, sentencia del 7 de diciembre de 2004; &ldquo;Distribuidora de Gas Cuyana S.A. v. Provincia de Mendoza&rdquo; &mdash;Fallos: 327:5984&mdash;, sentencia del 23 de diciembre de 2004;  &ldquo;Yacimientos Petrol&iacute;feros Fiscales S.A. v. Provincia de Tucum&aacute;n&rdquo; &mdash;Fallos: <br />
     328:1451&mdash;, sentencia del 10 de mayo de 2005; &ldquo;Petrobras Energ&iacute;a S.A. v. Provincia del Chaco&rdquo; &mdash;Fallos: 328:1572&mdash;, sentencia del 17 de mayo de 2005; &ldquo;Jos&eacute; Higinio Montserrat v. Provincia de Buenos Aires&rdquo; &mdash;Fallos: 329:4158&mdash;, sentencia del 26 de septiembre de 2006; &ldquo;Asociaci&oacute;n de Bancos de la Argentina c/ Provincia de Buenos Aires&rdquo; &mdash;Fallos: 332:1519&mdash;, sentencia del 23 de junio de 2009; y &ldquo;Log&iacute;stica La Seren&iacute;sima S.A. y Otros c/ Mendoza, Provincia de s/ acci&oacute;n declarativa de inconstitucionalidad&rdquo; &mdash;Fallos: 335:49&mdash;, sentencia del 14 de febrero de 2012.</p>
   <p>M&aacute;s a&uacute;n los anticipos de jurisdicci&oacute;n a trav&eacute;s de medidas cautelares en materia tributaria adquirieron valor emblem&aacute;tico al precipitar, al poco tiempo de dictadas, la derogaci&oacute;n de las disposiciones legales objeto de cuestionamiento y que hab&iacute;an suscitado la intervenci&oacute;n del Alto Tribunal, bastando al efecto citar dos casos. </p>
   <p>El primero, fue el reca&iacute;do en la causa: &ldquo;Gustavo Jorge Capatti v. Provincia de Buenos Aires&rdquo; &mdash;Fallos: 330:5226&mdash;, sentencia del 18 de diciembre de 2007. En dicho proceso, el actor mediante una acci&oacute;n declarativa de certeza impuls&oacute; un planteo de inconstitucionalidad contra la Ley N&ordm; 13.648, de la aludida provincia, por la cual se establec&iacute;a un adicional a los Impuestos Inmobiliario Urbano, a los Automotores y a las Embarcaciones Deportivas o de Recreaci&oacute;n, por el que se alcanzaba a las personas de existencia f&iacute;sica y sucesiones indivisas, contribuyentes de los referidos tributos, que poseyeran bienes en la Rep&uacute;blica Argentina o en el exterior, cuyo valor conjunto al 31 de diciembre de cada a&ntilde;o, superara la suma de $ 500.000, en tanto sosten&iacute;a que colisionaba en forma directa e inmediata con lo dispuesto en el art&iacute;culo 9&ordm;, inc. b), de la Ley de Coparticipaci&oacute;n Provincial en Impuestos Nacionales, al instituir un gravamen an&aacute;logo al Impuesto Nacional sobre los Bienes Personales sujeto a distribuci&oacute;n con las provincias. Al mismo tiempo en la causa de referencia se solicit&oacute; una medida cautelar, sobre la base de la configuraci&oacute;n de los presupuestos establecidos en los incisos 1&ordm; y 2&ordm; del art&iacute;culo 230 del C&oacute;digo Civil y Comercial Procesal de la Naci&oacute;n. En tales condiciones, el Alto Tribunal decret&oacute; la prohibici&oacute;n de innovar pedida y orden&oacute; a la provincia que se abstuviera de liquidar, reclamar, intimar o perseguir la exigencia de pago de los adicionales establecidos por la referida ley local N&ordm; 13.648, hasta el dictado de la sentencia definitiva. Bajo tales circunstancias, siete meses despu&eacute;s, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, sancion&oacute; la Ley N&ordm; 13.850 y derog&oacute; los adicionales o tributos de referencia, como una forma de conjurar una sentencia adversa, lo que resulta altamente demostrativo de la fuerza disuasiva del anticipo de jurisdicci&oacute;n del Tribunal cimero al dar curso favorable a la solicitud de medida cautelar.</p>
   <p>El segundo, fue el dictado in re: &ldquo;Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ Acci&oacute;n de Amparo&rdquo; &mdash;Fallos: 335:23&mdash;, sentencia del 14 de febrero de 2012. En dicha causa se cuestion&oacute; la Ley N&ordm; 14.333 de la mencionada provincia <br />
     &mdash;Ley Impositiva para el A&ntilde;o 2012&mdash; por cuyo art&iacute;culo 46, inciso b), apartado 7, se vino a establecer, a partir del 1&ordm; de enero de 2012, una al&iacute;cuota diferencial en el Impuesto de Sellos respecto de aquellos actos, contratos y operaciones sobre inmuebles radicados en la provincia, concretados en instrumentos p&uacute;blicos o privados otorgados fuera de ella. El Alto Tribunal habilit&oacute; su competencia originaria, encaus&oacute; el proceso por el tr&aacute;mite previsto para el juicio ordinario y decret&oacute; la prohibici&oacute;n de innovar ordenando a la Provincia de Buenos Aires que, hasta tanto se dictara sentencia definitiva en la causa, se abstuviera de reclamar o exigir a los notarios asociados al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y a las personas que requirieran sus servicios una al&iacute;cuota diferencial en concepto de Impuesto de Sellos, respecto de los actos, contratos y operaciones documentados en instrumentos, p&uacute;blicos o privados, sobre bienes inmuebles ubicados en la provincia, concretados fuera de ella, que resultara superior a la que tributaran aquellos mismos actos concertados dentro del territorio provincial. Sobre la base de dicho anticipo de jurisdicci&oacute;n de la Corte Suprema de Justicia, pocos meses despu&eacute;s, la Provincia de Buenos Aires derog&oacute; el trato discriminatorio en Impuesto de Sellos a tales actos, mediante la sanci&oacute;n de la Ley N&ordm; 14.387.</p>
   <p>Por otro lado, tampoco puede dejar de computarse, que a pesar de la presunci&oacute;n de legitimidad y la ejecutoriedad de los actos administrativos &mdash;que se invocara como fundamento para la sanci&oacute;n de la Ley N&ordm; 26.854, para restringir la posibilidad de decretar por la Justicia medidas cautelares&mdash;, tales principios tambi&eacute;n pondr&iacute;an a resguardo los &ldquo;actos administrativos de emisi&oacute;n de las boletas de deuda que sirven de base para la promoci&oacute;n de los apremio y ejecuciones fiscales&rdquo;. Desmintiendo tal premisa la Corte Suprema de Justicia de la Naci&oacute;n, en el limitado &aacute;mbito cognoscitivo de dichos procesos de cobro, y en la v&iacute;a excepcional del recurso extraordinario federal regulado por el art&iacute;culo 14 de la Ley N&ordm; 48, ha admitido la impugnaci&oacute;n de la pretensi&oacute;n de cobro de grav&aacute;menes en los denominados &ldquo;casos an&oacute;malos&rdquo;, a partir de la denominaci&oacute;n brindada a tales supuestos in re: &ldquo;Provincia de Santa Fe v. Manuel V. Moure &mdash;su sucesi&oacute;n&mdash;&rdquo; (Fallos: 188:286), sentencia del 18 de noviembre de 1940, esto es en aquellos en los cuales prima facie o ictu oculi &mdash;en la terminolog&iacute;a de la doctrina italiana&mdash;, el vicio que afecta a la pretensi&oacute;n fiscal se exhibe manifiesto. Se alistan en tal categor&iacute;a una extensa n&oacute;mina de causas en las cuales el M&aacute;ximo Tribunal habilit&oacute; la apelaci&oacute;n extraordinaria para conjurar la consumaci&oacute;n de arbitrariedades fiscales, las que podemos encuadrar en los siguientes supuestos: a) inexistencia o inexigibilidad de deuda &mdash;Fallos: 201:155; 249:221; 278:346; 294:420; 295:227,338; 297:227; 298:626; 302:861; 312:178; 313:170; 315:1916,2684; 318:646,1151; 319:79; 320:1985; 321:1472; 322:2559; 323:2801; 324:1924,2009; 325:1008, entre muchos otros&mdash;;  b) perjuicio irreparable de imposible o dif&iacute;cil de conjurar mediante la sustanciaci&oacute;n del posterior juicio ordinario de repetici&oacute;n &mdash;Fallos: 182:293; 185:188; 194:284; 198:18; 205:448; 210:396; 240:242; 266:81; 267:487; 271:158; 273:416; 311:1397; 313:899; 315:1916; 318:2053, entre muchos otros&mdash;; c) gravedad institucional &mdash;Fallos: 158:78; 247:383,601; 253:52; 255:41; 266:81; 279:137; 295:227; 296:747; 325:2269, entre muchos otros&mdash;; <br />
     d) circunstancias de excepcional gravedad &mdash;Fallos: 156:396; 188:286; 276:368; 278:220; 317:968, entre muchos otros&mdash;; y e) frustraci&oacute;n de derechos federales con perturbaci&oacute;n de servicios p&uacute;blicos &mdash;Fallos: 167:423; 210:396; 256:517, 526; 259:43; 268:126; 283:20; 296:747, entre muchos otros&mdash;.</p>
   <p>Tambi&eacute;n tiene un valor emblem&aacute;tico, sobre este particular, la decisi&oacute;n del Tribunal cimero en la causa: &ldquo;Administraci&oacute;n Federal de Ingresos P&uacute;blicos c/ Intercorp S.R.L.&rdquo; &mdash;Fallos: 333:935&mdash;, sentencia del 15 de junio de 2010, no s&oacute;lo al decretar la inconstitucionalidad del art&iacute;culo 92 de la Ley N&ordm; 11.683 de Procedimientos Tributarios en cuanto institu&iacute;a una suerte de autotutela ejecutiva en cabeza del Fisco Federal, asumiendo atribuciones que hacen a la esencia de la funci&oacute;n judicial, sino por los conceptos vertidos en uno de los considerandos que adquieren singular relevancia en el tema bajo consideraci&oacute;n. As&iacute; en el considerando 15 del voto de la mayor&iacute;a se dej&oacute; expresado: &ldquo;que no resulta admisible que a la hora de establecer procedimientos destinados a garantizar la normal y expedita percepci&oacute;n de la renta p&uacute;blica se recurra a instrumentos que quebranten el orden constitucional. Es que la mera conveniencia de un mecanismo para conseguir un objetivo de gobierno &mdash;por m&aacute;s loable que este sea&mdash; en forma alguna justifica la violaci&oacute;n de las garant&iacute;as y derechos consagrados en el texto constitucional. As&iacute;, se ha sostenido que es falsa y debe ser desechada la idea de que la prosperidad general constituya un fin cuya realizaci&oacute;n autorice a afectar los derechos individuales o la integralidad del sistema institucional vigente. El desarrollo y el progreso no son incompatibles con la cabal observancia de los arts. 1&ordm; y 28 de la Constituci&oacute;n Nacional, sino que, por el contrario, deben integrarse con &eacute;stos, de modo tal que la expansi&oacute;n de las fuerzas materiales y el correlativo mejoramiento econ&oacute;mico de la comunidad sean posibles sin desmedro de las libertades y con plena sujeci&oacute;n a las formas de gobierno dispuestas por la Ley Fundamental, a cuyas normas y esp&iacute;ritu resultan tan censurables la negaci&oacute;n del bienestar de los hombres como pretender edificarlo sobre el desprecio y el quebrantamiento de las instituciones (Fallos: 247:646)&rdquo;.</p>
   <p>Por otro lado no se comprende, como en materia tributaria el Estado pueda tener una posici&oacute;n cr&iacute;tica al ejercicio de la tutela cautelar cuando la Ley Tributaria de rito en su T&iacute;tulo I, Cap&iacute;tulo II: &ldquo;Disposiciones varias&rdquo;, art&iacute;culo 111 contempla en forma decididamente liberal la utilizaci&oacute;n de dichas medidas procesales para el afianzamiento de los eventuales cr&eacute;ditos fiscales al facultarse a la AFIP (Administraci&oacute;n Federal de Ingresos P&uacute;blicos) a solicitar embargos preventivos, o en su defecto, inhibiciones generales de bienes, por las cantidades que presumiblemente adeuden los contribuyentes o responsables, con obligaci&oacute;n de los jueces requeridos de expedirse en el t&eacute;rmino de 24 horas ante el s&oacute;lo pedido del Fisco, medidas cautelares que reci&eacute;n caducar&aacute;n si dentro del t&eacute;rmino de trescientos d&iacute;as h&aacute;biles judiciales contados a partir de la traba de cada medida, el ente recaudador no iniciara el correspondiente juicio de ejecuci&oacute;n fiscal, con suspensi&oacute;n del plazo antes referido en el supuesto de apelaciones o recursos del contribuyente ante el Tribunal Fiscal de la Naci&oacute;n y hasta treinta d&iacute;as despu&eacute;s de quedar firme la sentencia del apuntado &oacute;rgano jurisdiccional.</p>
   <p>Es que en materia de tutela cautelar la doctrina tributaria m&aacute;s calificadas de estas latitudes se ha expresado sin disidencias, bastando para no abundar en citas traer a cuento solo dos referencias. </p>
   <p>As&iacute; en las VII Jornadas Luso-Hispano-Americanas de Estudios Tributarios, celebradas en Pamplona, Espa&ntilde;a, en el a&ntilde;o 1976 al tratarse el Tema II: &ldquo;Impugnaci&oacute;n de las decisiones administrativas en materia tributaria en v&iacute;a administrativa y jurisdiccional&rdquo; se dej&oacute; expresado al cierre de sus deliberaciones como punto 17 de su resoluci&oacute;n final: &ldquo;La Administraci&oacute;n podr&aacute; ejecutar el cr&eacute;dito que resulte a su favor de sus resoluciones firmes o definitivas, independientemente de la existencia de recursos o acciones jurisdiccionales. Pero, la ejecuci&oacute;n del cr&eacute;dito deber&aacute; ser suspendida a pedido de parte, mientras se encuentre en tr&aacute;mite el proceso de conocimiento correspondiente, siempre que el cr&eacute;dito fiscal est&eacute; suficientemente garantido&rdquo; (Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario: &ldquo;Estatutos &ndash; Resoluciones de las Jornadas&rdquo;, ps. 207 y ss., en particular p. 212, Fundaci&oacute;n de Cultura Universitaria, Montevideo, 2004). </p>
   <p>Por su parte, el Modelo de C&oacute;digo Tributario para Am&eacute;rica Latina, del Programa OEA/BID, al ocuparse del juicio ejecutivo promovido por el Fisco para el cobro de los cr&eacute;ditos que por concepto de tributos e intereses se le adeuden, contempla por el art. 188, inc. 1&ordm;, como causal de suspensi&oacute;n, que el ejecutado acredite que se encuentra en tr&aacute;mite la acci&oacute;n ordinaria contra la resoluci&oacute;n que se pretende ejectuar, consign&aacute;ndose en la &ldquo;Exposici&oacute;n de Motivos &ndash; An&aacute;lisis del articulado&rdquo;, que &ldquo;en tal caso no se justifica la prosecuci&oacute;n del procedimiento ejecutivo que pod&iacute;a llevar a realizar bienes del deudor por una obligaci&oacute;n cuya existencia jur&iacute;dica es incierta, produciendo perjuicios irreparables en el caso de que la acci&oacute;n ordinaria del contribuyente fuera acogida&rdquo;; agregando: &ldquo;la suspensi&oacute;n del procedimiento a esta altura no pone en peligro el cr&eacute;dito de la Administraci&oacute;n ya que &eacute;ste se encuentra suficientemente garantizado con el embargo trabado inicialmente&rdquo; (Reforma Tributaria para Am&eacute;rica Latina: Modelo de C&oacute;digo Tributario, ps. 133 y 132, respectivamente, Uni&oacute;n Panamericana, Washington D. C., 1967).</p>
   <p>El contenido de la Ley N&ordm; 26.854 sobre pretensiones cautelares incoadas contra el Estado Nacional o sus entes descentralizados, en lo que hace a las controversias tributarias es pasible de graves y severas observaciones, que se pueden sintetizar en los siguientes puntos.</p>
   <p>a)	No se advierte la necesidad de que el juez requiera un informe previo de la autoridad p&uacute;blica demandada para que dentro del plazo de 5 d&iacute;as de cuenta del inter&eacute;s p&uacute;blico comprometido por la solicitud (art. 4&ordm;), con lo cual es probable que se activen desde el Fisco los procedimientos para promover o notificar la iniciaci&oacute;n de la ejecuci&oacute;n fiscal, lo cual torna totalmente ilusoria la medida cautelar que se decrete, ya que el juez no podr&aacute; interferir sobre un apremio notificado y tramitado ante otro magistrado. Se altera, as&iacute;, la regla general que disciplina el instituto conforme a la cual tales providencias se dictan inaudita parte, si bien tal exigencia se mitiga al facultarse a decretar una medida interina con fugaz eficacia al quedar extinguida con la presentaci&oacute;n del informe o el vencimiento del plazo fijado para su producci&oacute;n. En estas medidas procesales, por principio, se posterga la bilateralidad hasta que la misma se hace efectiva, conforme se dispone en el art&iacute;culo 198 del C&oacute;digo Procesal Civil y Comercial de la Naci&oacute;n que ordena decretar las precautorias sin audiencia de la otra parte. Ello no importa anular el derecho de defensa, sino tomar en cuenta dos principios elementales del derecho procesal constitucional, profundizar la confianza en la prudencia judicial para decretar las medidas cautelares, y resguardar el objeto impl&iacute;cito que es actuar antes que los hechos que se quieren evitar se produzcan, ya que el aviso puede convertir en ineficaz la medida.</p>
   <p>b)	Se elimina la posibilidad de requerir medidas autosatisfactivas en tanto la cautelar no puede coincidir con el objeto de la demanda principal (art. 3&ordm;, inc. 4&ordm;), en l&iacute;nea con el criterio sentado por el Alto Tribunal cuando en la causa: &ldquo;Alberto Roque Bustos y Otros v. Naci&oacute;n Argentina y Otros&rdquo; &mdash;Fallos: 327:4495&mdash;, sentencia del 26 de octubre de 2004, en donde se resalt&oacute; frente a la restituci&oacute;n de dep&oacute;sito en d&oacute;lares que: &ldquo;No se puede dejar de se&ntilde;alar la irritante desigualdad que ha producido entre los depositantes la desorbitada actuaci&oacute;n de los tribunales inferiores, que por medio de medidas cautelares denominadas &ldquo;autosatisfactivas&rdquo; descalificadas por la Corte provocaron un notable trastorno econ&oacute;mico que incluso puso en riesgo la regularizaci&oacute;n de los compromisos asumidos por la Naci&oacute;n frente a organismos internacionales de cr&eacute;dito&rdquo;. De todos modos, son innumerables los supuestos en materia tributaria que aconsejar&iacute;an el dictado de medidas cautelares &ldquo;autosatisfactivas&rdquo; (vg. baja de una CUIT; cancelaci&oacute;n de la inscripci&oacute;n en un registro especial, privaci&oacute;n del &ldquo;Certificado Fiscal para Contratar&rdquo;, etc.).<br />
     <br />
     c)	Se torna totalmente irrazonable la limitaci&oacute;n de la vigencia temporal de las medidas cautelares a seis meses y en los procesos de conocimiento que tramitan por el procedimiento sumar&iacute;simo y en los juicios de amparo a tres meses (art. 5&ordm;), m&aacute;s a&uacute;n cuando se agudiza la desigualdad procesal al estar establecido en 60 d&iacute;as h&aacute;biles el plazo en favor del Estado para contestar las demandas (art. 338 del C&oacute;digo Civil y Comercial de la Naci&oacute;n). Tal situaci&oacute;n no se corrige con la posibilidad de pr&oacute;rroga la medida por un plazo determinado no mayor de 6 meses. Todo ello por no tenerse en cuenta la duraci&oacute;n promedio de los juicios con hechos controvertidos en que es menester producir prueba, que exceden en su duraci&oacute;n largamente dicho lapso temporal. Por otro lado, el plazo razonable previsto como est&aacute;ndar por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es un derecho subjetivo de las personas humanas que pueden exigir que el proceso sea resuelto mientras perdure el inter&eacute;s jur&iacute;dico, lo que no est&aacute; relacionado estrictamente, con el deber de pronunciarse en t&eacute;rminos perentorios, sino con que el proceso debe transitar con celeridad, pero sin dejar de tomar en cuenta la complejidad de la causa, la actividad de las partes en el juicio y la actuaci&oacute;n del &oacute;rgano jurisdiccional, lo que obliga a ponderar, en el caso de la Argentina, el grado de colapso por acumulaci&oacute;n de expedientes, que experimentan la mayor&iacute;a de sus tribunales. <br />
     <br />
     En este aspecto es &uacute;til tener en cuenta las observaciones formuladas por Ezequiel Osorio Acosta cuando remarca: &ldquo;Debido a las limitaciones del juicio humano es necesario consumir un espacio de tiempo para definir el Derecho: la creaci&oacute;n del Derecho en el juicio no es un acto instant&aacute;neo, sino que viene precedido de lo que se ha llamado processus iudicci. El ordenamiento impone que precedan una serie de actos, a trav&eacute;s de los cuales y en contradicci&oacute;n entre las partes, son aportados los hechos sobre los que recae la litis, se realizan las actuaciones para comprobar su veracidad y se exponen las valoraciones jur&iacute;dicas que recaen sobre los mismos, proporcion&aacute;ndose al &oacute;rgano jurisdiccional el material necesario para que dicte una sentencia... Sin embargo, es lo cierto que tal como est&aacute; funcionando en estos momentos el proceso, &eacute;ste no cumple con su funci&oacute;n de servir de instrumento para impartir justicia. Como se&ntilde;alara Chiovenda, &lsquo;el tiempo necesario para obtener la raz&oacute;n no debe convertirse en da&ntilde;o para quien tiene raz&oacute;n&rsquo;&rdquo; (&ldquo;La suspensi&oacute;n jurisdiccional del acto administrativo&rdquo;, Cap&iacute;tulo Primero: &ldquo;R&eacute;gimen jur&iacute;dico y elaboraci&oacute;n dogm&aacute;tica&rdquo;, Par&aacute;grafo IV: &ldquo;Fundamento&rdquo;, ps. 36 y ss., en particular ps. 36 a 38, Marcial Pons, Madrid, 1995).</p>
   <p>Aqu&iacute; cobran especial sentido los concepto del c&eacute;lebre jurista italiano Piero Calamandrei cuando formulaba las siguientes consideraciones: &ldquo;La funci&oacute;n de las providencias cautelares nace de la &lsquo;relaci&oacute;n que se establece entre dos t&eacute;rminos&rsquo;: la necesidad de que la providencia, para ser pr&aacute;cticamente eficaz, se dicte sin retardo, y la falta de aptitud del proceso ordinario para crear sin retardo una providencia definitiva. Es &eacute;ste uno de aquellos casos (la disciplina de los cuales constituye quiz&aacute; el m&aacute;s antiguo y el m&aacute;s dif&iacute;cil problema pr&aacute;ctico de toda legislaci&oacute;n procesal) en que la necesidad de hacer las cosas pronto choca con la necesidad de hacerlas bien: a fin de que la providencia definitiva nazca con las mayores garant&iacute;as de justicia, debe estar precedida del regular y meditado desarrollo de toda una serie de actividades, para el cumplimiento de las cuales es necesario un per&iacute;odo, frecuentemente no breve, de espera; pero esta &lsquo;mora&rsquo; indispensable para el cumplimiento del ordinario &lsquo;iter&rsquo; procesal, ofrece el riesgo de convertir en pr&aacute;cticamente ineficaz la providencia definitiva, que parece destinada, por deseo de perfecci&oacute;n, a llegar demasiado tarde, como la medicina largamente elaborada para un enfermo ya muerto&rdquo;; para a&ntilde;adir a continuaci&oacute;n: &ldquo;Las providencias cautelares representan una conciliaci&oacute;n entre las dos exigencias, frecuentemente opuestas, de la justicia: la de la celeridad y la de la ponderaci&oacute;n; entre hacer las cosas pronto pero mal y hacerlas bien pero tarde, las providencias cautelares tienden, ante todo, a hacerlas pronto, dejando que el problema de bien y mal, esto es, de la justicia intr&iacute;nseca de la providencia, se resuelva m&aacute;s tarde, con la necesaria ponderaci&oacute;n, en las reposadas formas del proceso ordinario. Permiten de este modo al proceso ordinario funcionar con calma, en cuanto aseguran preventivamente los medios id&oacute;neos para hacer que la providencia pueda tener, al ser dictada, la misma eficacia y el mismo rendimiento &lsquo;pr&aacute;ctico&rsquo; que tendr&iacute;a si se hubiese dictado inmediatamente (&ldquo;Introducci&oacute;n al Estudio Sistem&aacute;tico de las Providencias Cautelares&rdquo;, Cap&iacute;tulo I: &ldquo;Criterios para la definici&oacute;n de las providencias cautelares&rdquo;, Par&aacute;grafo 5: &ldquo;Sentido en que se llama provisorias a las providencias cautelares&rdquo;, Punto 8 c): &ldquo;Periculum in mora&rdquo;, ps. 42 y ss., El Foro, Buenos Aires, 1996).</p>
   <p>d)	Tambi&eacute;n se observa como arbitraria la prohibici&oacute;n de dictar medida cautelar alguna que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado (art. 9&ordm;), precepto que transita la misma l&iacute;nea conceptual que las modificaciones introducidas al art&iacute;culo 195 del C&oacute;digo Procesal Civil y Comercial de la Naci&oacute;n por la Ley N&ordm; 25.453 impulsada por el ex presidente Fernando de la R&uacute;a, tambi&eacute;n denominada Ley de Equilibrio Fiscal y D&eacute;ficit Cero, regulaci&oacute;n complementada luego por el Decreto <br />
     N&ordm; 1.387/2001 y finalmente por la Ley N&ordm; 25.561, que entr&oacute; en vigencia el 6 de enero de 2002. Estas regulaciones le&iacute;das literalmente producir&iacute;an la oclusi&oacute;n absoluta a la tutela cautelar en materia tributaria, cuya adopci&oacute;n perturba siempre de alg&uacute;n modo la percepci&oacute;n de la renta p&uacute;blica, a&uacute;n cuando las obligaciones que se reclamen sean inconstitucionales o ileg&iacute;timas. </p>
   <p>e)	Parece ser exagerada la limitaci&oacute;n de la cauci&oacute;n juratoria &uacute;nicamente a los supuestos en que la cautelar la requieran sectores socialmente vulnerables con compromiso de la vida digna, la salud, un derecho de naturaleza alimentaria, o cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental, sin computar en otros casos el alto grado de posibilidad de acogimiento de la pretensi&oacute;n en raz&oacute;n del bonus fumus iuris (art. 10). Este art&iacute;culo se enrola en un doble est&aacute;ndar para el control de razonabilidad de las leyes, y que distingue entre la potencial restricci&oacute;n de derechos de naturaleza econ&oacute;mica (&ldquo;economic right&rdquo;), en especial el derecho de propiedad y la libertad contractual; y aquellas restricciones que afectan derechos de naturaleza no econ&oacute;mica (&ldquo;noneconomic right&rdquo;), donde se encuentran el derecho a la privacidad, la libertad de expresi&oacute;n o la libertad religiosa. De todos modos sin cuestionar el criterio clasificatorio, tal dicotom&iacute;a no puede conducir a convalidar en materia tributaria lo que la propia Corte Suprema de Justicia de la Naci&oacute;n ha calificado como &ldquo;despojo&rdquo;, a partir de un pronunciamiento centenario reca&iacute;do en la causa: &ldquo;Do&ntilde;a Rosa Melo de Can&eacute;, su testamentaria; sobre inconstitucionalidad de impuesto a las sucesiones en la Provincia de Buenos Aires&rdquo; &mdash;Fallos: 115:111&mdash;, sentencia del 16 de diciembre de 1911. All&iacute; se sostuvo, en el considerando 7&ordm;, respecto de la potestad tributaria normativa &mdash;cosa diferente al ejercicio de la potestad tributaria aplicativa, en donde m&aacute;s a menudo se observa un obrar inconstitucional, ileg&iacute;timo o arbitrario&mdash;, que: &ldquo;El poder de crear impuestos est&aacute; sujeto a ciertos principios que se encuentran en su base misma, y entre otros al de que ellos se distribuyan con justicia; habi&eacute;ndose observado con fundamento que las imposiciones que prescindan de aquellos, no ser&aacute;n impuestos sino despojo (Story 5.a ed. comp. por Colley &sect;1955; Gray; Limitations of Taxing Power, nums. 173 y 1479; Fallos: 98:52, considerando 16)&rdquo;.</p>
   <p>f)	Resulta excesiva la acumulaci&oacute;n de requisitos para obtener la suspensi&oacute;n de los efectos de un acto estatal, particularmente el de exigir que la ejecuci&oacute;n del acto o de la norma ocasione perjuicios graves de imposible reparaci&oacute;n ulterior, y que no afecta el inter&eacute;s p&uacute;blico (art. 13, inc. 1&ordm;, puntos a y d), cuando el instituto siempre se le brind&oacute; andamiento requiriendo s&oacute;lo &ldquo;la gravedad del perjuicio&rdquo;, por cuanto era totalmente irrelevante asumir que a partir de la presunci&oacute;n de solvencia del Estado, la reparaci&oacute;n del da&ntilde;o producido por la actuaci&oacute;n p&uacute;blica estaba garantizada, particularmente teniendo en vista la habitual y recurrente consolidaci&oacute;n de los pasivos estatales con largos plazos de espera, mecanismo que siempre ha castigado a quienes puedan resultar acreedores del Estado.</p>
   <p>g)	Desbarata los derechos del cautelado asignar efecto suspensivo al recurso de apelaci&oacute;n interpuesto contra la resoluci&oacute;n que decreta la medida, a pesar de las excepciones tasadas, las que son de dif&iacute;cil configuraci&oacute;n en materia tributaria (art. 13, inc. 3&ordm;, segundo p&aacute;rrafo). </p>
   <p>h)	Tambi&eacute;n se estima desproporcionadamente rigurosos los requisitos que reglamentan el otorgamiento de cautelares que importan una determinada conducta o que obliguen a no innovar (arts. 14 y 15). </p>
   <p> Como balance general puede se&ntilde;alarse que al enervarse la &ldquo;tutela cautelar&rdquo;, se produce un agravio sustantivo a la &ldquo;tutela judicial efectiva&rdquo; de amplio reconocimiento en el &ldquo;Derecho Internacional de los Derechos Humanos&rdquo;, al tiempo que en lo institucional se afecta el &ldquo;Estado Constitucional de Derecho&rdquo; que impone a los jueces ser guardianes de la supremac&iacute;a de la Constituci&oacute;n y que instituye el sometimiento de los poderes p&uacute;blicos a la jurisdicci&oacute;n y a la ley. Tambi&eacute;n se cercena la esencia de la forma republicana de gobierno basada en la separaci&oacute;n de poderes, y en la ejercitaci&oacute;n incondicionada del alto magisterio otorgado al Poder Judicial al convertirlo en custodia de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna. Por lo dem&aacute;s, el dictado de una ley como la que aqu&iacute; nos ocupa, en un momento particular como el presente, en el que existen sospechas de que el Organismo Recaudador utilizar&iacute;a sus prerrogativas exorbitantes respondiendo a fines pol&iacute;ticos (v. Declaraci&oacute;n del Instituto de Derecho Tributario de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires: &ldquo;Y siendo enemigo de la causa el duplo &mdash; Sobre la funci&oacute;n de la Administraci&oacute;n Fiscal&rdquo; del 2 de agosto de 2012), se exhibe como un intento de instituir una suerte de &ldquo;estado de sitio fiscal&rdquo; en el que han quedado suspendidas las garant&iacute;as de los ciudadanos contribuyentes, para convertirlos, en los hechos, en una suerte de s&uacute;bditos o vasallos obedientes de un poder descontrolado.<br />
     <br />
     De todos modos se vislumbra que las medidas sancionadas correr&aacute;n igual suerte que otros intentos vanos de debilitar la &ldquo;tutela cautelar&rdquo;, presupuesto indispensable en nuestra materia para que pueda predicarse la existencia de &ldquo;tutela judicial efectiva&rdquo;, de los cuales, como se viera, es s&oacute;lo un ejemplo la Ley N&ordm; 25.453 del a&ntilde;o 2001, por la que se sustituy&oacute; el &uacute;ltimo p&aacute;rrafo del art. 195 del C&oacute;digo Procesal Civil y Comercial de la Naci&oacute;n, al disponerse: &ldquo;Los jueces no podr&aacute;n decretar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias&rdquo;, precepto reiteradamente declarado inconstitucional.<br />
   </p>
   <p> <br />
     Buenos Aires, 14 de junio de 2013<br />
   </p>
   <p>Suscriben la declaraci&oacute;n el Director del Centro Doctor Jos&eacute; Osvaldo Cas&aacute;s (Titular Em&eacute;rito), el Sub Director Doctor Rodolfo Spisso (Titular Consulto), los vocales Doctor Jorge Damarco (Titular Consulto), y Doctor Agust&iacute;n Torres (Titular Consulto); y no lo hace el vocal Doctor Horacio Guillermo Corti (Titular Regular), por estar en disidencia con sus t&eacute;rminos.</p>
   <p>&nbsp;</p>
   <p> SUB DIRECTOR DOCTOR RODOLFO SPISSO	    DIRECTOR DOCTOR JOS&Eacute; OSVALDO CAS&Aacute;S</p>
   <p> </p>
   <p>VOCAL DOCTOR JORGE DAMARCO            	VOCAL DOCTOR AGUST&Iacute;N TORRES<br />
   </p>
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